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Citlalli Sánchez Hernández  – Abogada del Área de Derecho Administrativo y Cumplimiento Regulatorio en HG Abogados

La reciente propuesta de reforma judicial presentada por Andrés Manuel López Obrador ha generado un intenso debate en México. Mientras algunos la ven como un paso necesario para modernizar el sistema judicial, otros la perciben como una amenaza a la independencia de los jueces y al equilibrio de poderes en el país. Con la presidenta electa Claudia Sheinbaum en camino de asumir el cargo, la incertidumbre sobre el futuro de esta reforma está en el aire, y es un tema que todos debemos seguir de cerca.


¿Qué Implica la Reforma Judicial?
La reforma propuesta por López Obrador busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano, con uno de sus puntos más controversiales siendo la elección popular de jueces y magistrados. Esta medida, que afectaría a más de 1,600 cargos judiciales, incluiría desde ministros de la Suprema Corte de Justicia hasta jueces de distrito, todos elegidos por votación ciudadana.


En teoría, esta propuesta tiene el potencial de democratizar la justicia y hacerla más accesible a la gente, permitiendo que los ciudadanos elijan a quienes administrarán las leyes. Sin embargo, el proceso también plantea riesgos significativos, como la posibilidad de politización del Poder Judicial, ya que los jueces podrían verse tentados a responder a los intereses de los votantes o de los partidos políticos que apoyen sus candidaturas.


Reducción de la Suprema Corte y Otros Cambios Estructurales
Otro aspecto clave de la reforma es la reducción del número de ministros en la Suprema Corte, de 11 a 9, y la eliminación de las dos salas que actualmente dividen los asuntos en materias civil, penal, administrativa y laboral. Todos los casos se resolverían en el pleno, centralizando el poder y decisiones en un grupo más reducido de ministros.


Además, se plantea la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a los jueces que no cumplan con los principios de imparcialidad y profesionalismo. Aunque estas medidas buscan fortalecer la integridad del sistema, también pueden ser vistas como una manera de controlar y disciplinar a los jueces de una manera que podría ser utilizada para presionar políticamente al Poder Judicial.


¿Democracia Participativa o Peligro para la Independencia Judicial?
El debate se centra en si estas reformas representan una verdadera democratización de la justicia o si, por el contrario, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial. Al permitir que los jueces sean elegidos por voto popular, existe el peligro de que las decisiones judiciales se alineen más con las preferencias políticas de los electores o de los grupos de poder que con la interpretación objetiva de la ley.


Además, la reducción del número de ministros y la centralización de las decisiones en el pleno de la Suprema Corte podrían llevar a una concentración de poder que, en lugar de fortalecer la justicia, la haga más vulnerable a influencias externas.


El Impacto en la Economía y la Estabilidad Política
No es solo el sistema judicial el que está en juego. Los mercados financieros ya han mostrado signos de nerviosismo ante la posibilidad de que la reforma debilite los contrapesos institucionales en México. La estabilidad del peso mexicano, que ha sido una de las fortalezas del país en los últimos años, podría verse afectada si los inversores perciben que la independencia judicial está en peligro.


La mayoría calificada de Morena en el Congreso, lograda tras las recientes elecciones, significa que el partido en el poder tiene la capacidad de aprobar esta y otras reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición. Esto genera preocupación sobre el futuro de la democracia mexicana y el equilibrio de poderes.


¿Hacia dónde vamos?
Con la próxima administración de Claudia Sheinbaum en el horizonte, la reforma judicial será una de las pruebas más importantes para su gobierno. Sheinbaum ha manifestado su apoyo a la reforma, pero ha insistido en que debe ser discutida ampliamente con la sociedad antes de ser enviada al Congreso. Este enfoque puede ser clave para evitar un choque frontal con los sectores que ven la reforma con recelo.


El futuro de la justicia en México está en juego, y la manera en que se aborde esta reforma tendrá implicaciones duraderas para la democracia y el Estado de derecho en el país. Como ciudadanos, debemos estar informados y participar activamente en este debate, ya que sus resultados afectarán no solo a los jueces y abogados, sino a todos nosotros.


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