El avance de la economía digital ha generado la necesidad de modernizar los mecanismos de pago en México, mediante la adopción de medidas que permitan agilizar las operaciones económicas por medios digitales, fomentar las transferencias electrónicas, facilitar el acceso a los servicios financieros y eliminar las barreras regulatorias que obstaculizan la realización de trámites ante dependencias gubernamentales y entidades financieras.
En este contexto, el 04 de noviembre de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es promover la implementación y utilización de medios de pago digitales y electrónicos. Asimismo, contempla la posibilidad de que dichos medios constituyan la única forma de pago en determinados sectores estratégicos y actividades relevantes.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva Ley destacan los siguientes:
Impulso a los pagos digitales y electrónicos: La Ley promueve el uso de tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas, códigos QR, tecnología NFC y otros dispositivos o interfaces que permitan realizar pagos y transferencias de recursos.
Esto implica que los establecimientos que pertenezcan a los sectores o desarrollen las actividades en las que la autoridad competente establezca el uso exclusivo de medios de pago digitales deberán contar con la infraestructura y los mecanismos necesarios para aceptar dichos medios de pago, eliminando definitivamente la recepción de pagos en efectivo.
Sustitución del efectivo en sectores estratégicos: La Ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores y actividades en los que podrá establecerse el uso exclusivo de medios de pago digitales. Para ello, se le otorga un plazo de 15 días, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, para identificar los sectores y actividades sujetos a esta modalidad y por su parte, las autoridades competentes definirán los mecanismos y plazos para su implementación gradual, contemplando la posibilidad de aceptar temporalmente efectivo o cheques en caso de contingencias.
Soluciones tecnológicas: La Ley incorpora mecanismos de confianza para facilitar la contratación digital de servicios financieros, entre ellos, la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, reconociendo que los documentos digitales contenidos en dicho expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos físicos.
Para la realización de trámites ante dependencias gubernamentales, también serán admisibles los documentos digitales, lo que permitirá agilizar los procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y simplificar la presentación y validación de documentación. De esta manera, se impulsa la digitalización de trámites ante los tres órdenes de gobierno, favoreciendo procesos más rápidos y prácticos, así como una mayor eficiencia en las gestiones con las entidades financieras.
Obligaciones para entidades financieras, autoridades de los tres órdenes de gobierno y proveedores: Las entidades financieras deberán, entre otras obligaciones, promover la inclusión financiera, fomentar el uso de medios de pago digitales y electrónicos, así como facilitar el acceso a créditos, financiamientos y préstamos mediante herramientas digitales.
Por su parte, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los proveedores de bienes y servicios, deberán habilitar la infraestructura necesaria para facilitar la recepción y aceptación de dichos medios de pago.
Estas disposiciones implican nuevos retos operativos para los sectores involucrados, quienes deberán realizar las adecuaciones tecnológicas necesarias para implementar estos mecanismos. Asimismo, tendrán que brindar orientación a las personas usuarias sobre su funcionamiento y utilización, a fin de facilitar su adopción y garantizar el acceso efectivo a estas nuevas modalidades de pago.
Entrada en vigor y plazos para su implementación: La Ley entró en vigor el 05 de noviembre de 2026. Sin embargo, su implementación aún se encuentra sujeta a los pronunciamientos de las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos en la propia Ley.
En este sentido, la Ley establece un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, para que la SHCP determine los sectores estratégicos y actividades en los que deberá implementarse el uso exclusivo de medios de pago digitales y electrónicos.
Posteriormente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de dicha determinación, las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones administrativas de carácter general que establezcan los lineamientos para la implementación de las disposiciones contenidas en esta nueva Ley, así como los mecanismos y plazos específicos para llevar a cabo la transición gradual del efectivo hacia los pagos digitales y electrónicos en cada sector o actividad.
La nueva Ley marca un paso importante hacia la digitalización de las operaciones económicas en México, al impulsar el uso de medios de pago digitales y electrónicos, facilitar la contratación de servicios financieros y promover la modernización de los trámites gubernamentales.
No obstante, la aplicación de estas medidas supondrá nuevos desafíos para los sectores involucrados, particularmente en la adaptación de sus procesos y en la preparación de sus operaciones para incorporar esta modalidad de pago. Asimismo, será necesario brindar acompañamiento a las personas usuarias para favorecer su familiarización y correcta utilización de los medios de pago digitales.
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley es la posibilidad de que determinados sectores y actividades estratégicas adopten los pagos digitales y electrónicos como único medio de pago, lo que supondría una disminución progresiva en el uso de efectivo en el país y una transformación en la forma en que se realizan diversas operaciones económicas.
Si bien la Ley ya se encuentra vigente, aún quedan disposiciones administrativas por emitirse que permitirán conocer con mayor precisión su alcance y aplicación. Por ello, será importante que las empresas y los proveedores de bienes y servicios estén atentos a estos próximos anuncios, para conocer si sus actividades deberán ajustarse a las nuevas disposiciones y qué cambios tendrán que realizar para cumplir con la Ley.
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